LOS PUNTOS MÁS LESIVOS A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

O LEY VICTORIANO HUERTA

¿Y qué pasa con las bestias de fiscalistas que se dicen conocedores del derecho Constitucional? Es más fácil vender facturas que conocer la Constitución. Pero los estafadores venden y los evasores compran. A continuación te presentamos las claves sobre el contenido de la Ley de Seguridad Interior, que va a discusión al Senado.

 

1.       AMENAZAS. Para definir cuáles son las “amenazas a la Seguridad Interior” que permitan accionar estas disposiciones, el texto remite a aquellas definidas en la Ley de Seguridad Nacional.

Entre ellas, se pueden citar la preservación de la soberanía y la defensa del territorio; preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país; actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio. También actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, o a obstaculizar operaciones militares; en contra de la seguridad de la aviación; tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y de destrucción masiva; a financiamiento de acciones terroristas; a bloquear actividades de inteligencia, y a destruir o inhabilitar la infraestructura estratégica.

La nueva legislación añade las emergencias o desastres naturales; las epidemias y demás contingencias de salubridad; o las que afecten la colaboración de las entidades y municipios en seguridad nacional.

2.       LA DECLARATORIA. La Ley en debate establece la Declaratoria de protección a la seguridad Interior, la cual habilita la intervención de la Federación para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones para contener y reducir las amenazas.

Esta Declaratoria surgirá por orden del Presidente de la República o a petición de los gobiernos y congresos de los estados. El gobierno federal deberá expedir la Declaratoria dentro de las 72 horas siguientes a la petición, y notificar por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob) a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como publicarse en los periódicos o gacetas oficiales.

No obstante, señala que las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, podrán implementar programas y acciones para identificar y atender riesgos, sin necesidad de la Declaratoria. Además, en caso de “amenazas que representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas.

El Acuerdo de la Declaratoria deberá contener las entidades o áreas geográficas, las acciones que se requieran y la temporalidad. La vigencia de la intervención será de un año, pero podrá prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República si subsiste la amenaza.

3.       EL COMANDANTE Y LAS FUERZAS ARMADAS. Al frente de las operaciones, detalla el proyecto, estará un Comandante de las Fuerzas Armadas designado por el presidente a propuesta de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina. El responsable dirigirá a los grupos interinstitucionales y elaborará el protocolo de actuación, comunicación y coordinación.

La participación de las Fuerzas Armadas sólo ocurrirá cuando las capacidades de la Policía Federal resulten insuficientes, y se regirá bajo principios de uso legítimo de la fuerza, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad.

La minuta detalla que cuando las Fuerzas Armadas se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la Policía por el medio más expedito, limitándose a preservar el lugar de los hechos y, en su caso, a adoptar medidas para que se brinde atención médica a los heridos.

En ningún caso, añade, las acciones de las Fuerzas Armadas se considerarán como de seguridad pública.

4.       COORDINACIÓN. La aplicación de la Ley correspondería al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, que implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación. La dependencia emitirá un informe a la Comisión Bicameral del Congreso.

El proyecto establece que el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas. Estas deberán aportar toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, prestar el auxilio y colaboración que les solicite, y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios necesarios.

La minuta también afirma que “las autoridades federales no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno ni eximirlas de sus responsabilidades”.

5.       LAS PROTESTAS.  El dictamen incluyó un artículo para aclarar que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior”, luego de que organizaciones y legisladores manifestaron preocupación sobre tentaciones de para reprimir a opositores.

6.       OPACIDAD E INTELIGENCIA. La información que se genere con motivo de la aplicación de esta Ley será considerada de Seguridad Nacional, por lo que permanecerá reservada y oculta al acceso público.

7.       FINANCIAMIENTO. La ley señala que las erogaciones se cubrirán con cargo al presupuesto de las dependencias federales y con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

8.       ESCENARIOS ACTUALES. Los artículos transitorios del proyecto mencionan que la ley surtirá efecto en los casos en que se materialicen amenazas a partir de su entrada en vigor.

 

LAS CAUSALES DE APLICACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

LA REALIDAD EN EL ABUSO DE AUTORIDAD

1.       AMENAZAS. Entre ellas, se pueden citar:

                                 i.            La preservación de la soberanía y la defensa del territorio;

                               ii.            Preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país;

                             iii.            Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.

                             iv.            También actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada,

                               v.            O a obstaculizar operaciones militares; en contra de la seguridad de la aviación;

                             vi.            Tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y de destrucción masiva;

                            vii.            A financiamiento de acciones terroristas;

                          viii.            A bloquear actividades de inteligencia,

                              ix.            Y a destruir o inhabilitar la infraestructura estratégica.

 

Cualquier acto que deseen ver las autoridades, lo pueden englobar como amenaza al estado.

Los actos contra la delincuencia organizada, ya se han implementado, lo hizo el borrachón de calderón, así que no estamos viendo nada nuevo, solo se legalizan las desapariciones a lo Ayotzinapán.

 

Si usted bloquea las actividades de inteligencia, ya está dentro de la aplicación de la ley que saca al ejército de sus cuarteles para salvar a la Patria como hizo Díaz Ordaz o el borrachón de Calderón.

¿Cuál es la infraestruchtur estratégica de México? Nadie lo sabe, puede ser televisa, carreteras, puentes aeropuertos.

Un bloqueo pone en riesgo, peligro de destrucción o de inhabilitación esta infrashtur estrategishur, claro que sí, y adelante valientes soldados de la Patria a destruir a los enemigos de México, comenzando con López Obrador.

 

 

2.       La declaratoria. No obstante, señala que las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, podrán implementar programas y acciones para identificar y atender riesgos, sin necesidad de la Declaratoria. Además, en caso de “amenazas que representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas.

¿Cuándo están en grave riesgo de operación las instituciones de gobierno?

¿Y cuáles son las instituciones fundamentales, de la Patria?

En estos momentos de peligro, el super presidente ordena acciones inmediatas como Super Ratón al rescate.

3.       EL COMANDANTE Y LAS FUERZAS ARMADAS. Al frente de las operaciones, detalla el proyecto, estará un Comandante de las Fuerzas Armadas designado por el presidente a propuesta de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina. El responsable dirigirá a los grupos interinstitucionales y elaborará el protocolo de actuación, comunicación y coordinación.

Este es el riesgo mayor del país, en contra de las delincuencias se pone al frente al ejército mexicano, ya lo ha estado, pero no así, legalizando acciones represoras a lo Pinochet.

 

4.       Que el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas. Estas deberán aportar toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, prestar el auxilio y colaboración que les solicite, y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios necesarios.

Las policías de los estados se añaden a la represión, las bestias fuera de control sin disciplina, entrenamiento u organización a la represión.

Esto es una invitación a la revolución.

5.       LAS PROTESTAS.  El dictamen incluyó un artículo para aclarar que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior

Que se realicen pacíficamente.

Si alguien arroja una piedra, lanza una mirada agresiva contra los inocentes policías, es motivo de que el ejército entre disparando primero y después se detenga a preguntar.

 

6.       OPACIDAD E INTELIGENCIA. La información que se genere con motivo de la aplicación de esta Ley será considerada de Seguridad Nacional, por lo que permanecerá reservada y oculta al acceso público.

Este párrafo es terrible, el ejército puede matar, desaparecer y nadie puede preguntar o protestar ya que es información de alta seguridad nacional.

Como en tiempos de Nassar Haro, el ejército puede desaparecer  los opositores al régimen, tirarlos en la bahía de Acapulco y nadie tiene derecho a preguntar, ya que la información es reservada y confidencial.

 

7.       FINANCIAMIENTO. La ley señala que las erogaciones se cubrirán con cargo al presupuesto de las dependencias federales y con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Primero se golpea a los que protesten y después se les saca dinero a base  de gasolinazos  de auditorías digitales.

 

8.       ESCENARIOS ACTUALES. Los artículos transitorios del proyecto mencionan que la ley surtirá efecto en los casos en que se materialicen amenazas a partir de su entrada en vigor.

O sea que entrando en vigor la ley, sacando al ejército a las calles a reprimir a los violentos y malditos ciudadanos mexicanos que no aplauden a Peñita y además se burlan de su perfecto inglés.

 

NO SE DEJEN ENGAÑAR: ES TOTALMENTE FALSO que la "Ley de Seguridad Interior" "regule" o "de cobijo" a las labores de las fuerzas armadas en la lucha en contra del crimen.

Es una ley cuyo ÚNICO FIN es legitimar la utilización del ejército y la marina para la represión y el control social.

Es por ello que es una ley estrictamente DICTATORIAL y autoritaria.

Todavía hay oportunidad para revertir esta ley en el SENADO DE LA REPÚBLICA que, como cámara revisora también debe aprobarla para que pueda convertirse en ley.

Escribiré con mayor detalle sobre el tema en los próximos días, pero, dado la urgencia de la coyuntura, adelanto aquí algunos apuntes.

1.       La ley es explícita al señalar que no habilita a las fuerzas armadas para llevar a cabo acciones de "seguridad pública" o de investigación de delito correspondientes al ministerio público.

El Artículo 18 de la Ley de Seguridad Nacional señala explícitamente que "En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública"

El Artículo 27 dice que "Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones"

2.       ¿PARA QUÉ SE APRUEBA LA LEY ENTONCES? No para combatir a los delincuentes sino para proteger a las "instituciones" (corrompidas y criminales) de las exigencias y las movilizaciones sociales.

La exposición de motivos lo dice claramente:

"La seguridad interior es distinta a la seguridad pública, pues, aunque ambas busquen el mantenimiento de la paz, la SEGURIDAD INTERIOR SE ENFOCA EN LA SALVAGUARDA DE NUESTRAS INSTITUCIONES y de las personas, mientras que la seguridad pública únicamente se enfoca en la salvaguarda de las personas."

3.       Lo que sí hace la ley entonces es autorizar a las fuerzas armadas para combatir al propio pueblo mexicano como si fueran "enemigos" del Estado y las instituciones del país. Es decir, DECLARA LA GUERRA EN CONTRA DE TODA LA SOCIEDAD, al tratar a los "adversarios internos" de la misma manera en que se tratarían a los "enemigos externos".

La ley es absolutamente claro al respecto, al enmarcar la "Ley de Seguridad Interna" dentro de las funciones de DEFENSA NACIONAL, en lugar de las de seguridad pública.

Por ejemplo, las "amenazas a la seguridad nacional" para las cuales el Presidente de la República puede enviar UNILATERALMENTE las fuerzas armadas incluyen:

·         -Movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se no realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

·         -"Actos tendentes" a consumar rebelión

·         -"Actos tendentes" a inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico

Es decir, será suficiente colocar un par de provocadores encapuchados para romper vidrios durante cualquier protesta social para "justificar" la intervención del ejército en la represión de los manifestantes.

También se podrá enviar el ejército a dispersar cualquier reunión de personas que pudiera estar planeando ("actos tendentes") alguna acción de bloqueo en una carretera ("infraestructura") o una protesta contra algún edificio de gobierno ("rebelión")

4.       Esta nueva función de las fuerzas armadas viola de manera flagrante la constitución que señala en el artículo 129 que "“En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, y también al artículo 29 que requiere un procedimiento muy específico para poder declarar un "estado de excepción".

Si la Suprema Corte de Justicia fuera realmente independiente e interesado en defender la Constitución y nuestros derechos humanos tendría que eliminar los efectos de esta ley a partir de la presentación de amparos o controversias en su contra.

Pero lamentablemente no es el caso. Casi todos los ministros de la Suprema Corte son amigos y aliados de Calderón y/o Peña, y sin duda avalarán la "constitucionalidad" de esta ley dictatorial.

5.       La única forma de evitar que esta ley genere la dictadura militarizada que busca establecer sería a partir de un nuevo gobierno democrático en 2018 que retorne el ejército a sus cuarteles e impulse la revocación de esta ley nociva.

Así que queda perfectamente clara la TAREA DE TODOS LOS CIUDADANOS PARA 2018.

Para quienes quieran leer un poco más desde ahora, comparto una columna que escribí hace unos meses sobre el tema en Proceso: http://www.proceso.com.mx/464858/golpe-de-estado-silencioso

 

Y aquí el texto completo de la ley aprobada en la Cámara de Diputados: https://aristeguinoticias.com/…/el-presidente-podra-interv…/

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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