SAT necesita más recursos para supervisión en lavado de dinero

Es Necesario contar con personal más capacitado, concluye Gafi . Sólo se ha podido supervisar a menos de 0.2% de entes no financieros en los últimos tres años.

 

Edgar Juárez

04 de enero de 2018, 19:48

En el informe sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dio a conocer el miércoles sobre México se mencionan los retos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta para supervisar a los entes que le corresponden.

El organismo internacional destaca en el documento la labor que han hecho en la materia instituciones regulatorias de entidades financieras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la supervisión de bancos, casas de Bolsa, aseguradoras y otras de este tipo.

Sin embargo, ve retos en lo que a la labor de supervisión corresponde al SAT, esto es, en entidades no financieras como empresas inmobiliarias, notarios, contadores, casinos, agencias automotrices y otros.

“Si bien el SAT emplea un modelo de riesgo de prevención de lavado de activos, el organismo no cuenta con los suficientes recursos y pudo, en los últimos tres años, inspeccionar menos de 0.2% de las entidades por las cuales es responsable”, menciona el documento.

Los que tienen poca supervisión

Teodoro Briseño, director general de TMSourcing, empresa de capacitación en temas de prevención de lavado de dinero, estima que son alrededor de 340,000 entes que hay en el país y que pertenecen a 15 categorías no financieras como empresas constructoras, casinos, joyeros, traslado de valores, casas de juego, inmobiliarias, casas de obras de arte, notarios, agencias automotrices y aduanas, entre otras.

De éstas recuerda que, con base en el informe del GAFI, el SAT apenas ha podido supervisar a menos de 0.2% en los últimos tres años.

En este sentido, coincide en que es necesario que, en lo sucesivo, el SAT cuente con mayores recursos y personal más capacitado para llevar a cabo esta labor.

“Los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos de lavado de activos dentro de los sectores por los cuales son responsables y desarrollaron modelos sólidos que les permiten diferenciar los riesgos entre las diferentes instituciones. La situación es mucho menos clara con respecto a los profesionales y actividades no financieras designadas (APNFD), donde la base para la apreciación de riesgo del SAT no está plenamente desarrollada”, refiere el informe.

Agrega: “La gran cantidad de entidades por las cuales el SAT es responsable representa un desafío material para la comprensión del riesgo a nivel de los negocios individuales (...) Si bien el SAT emplea un modelo de riesgo de lavado de dinero, el organismo no cuenta con los suficientes recursos y pudo, en los últimos tres años, inspeccionar menos de 0.2 % de las entidades por las cuales es responsable”.

El GAFI destaca que la apreciación por parte de las APNFD de los riesgos de lavado de activos parece limitada.

Una de las recomendaciones del organismo internacional en este tema es que se mejore la comprensión de las instituciones financieras y las APNFD (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos de lavado de activos generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos.

“Se debe prestar atención inmediata al SAT, a través de alguna medida, ya que tiene una carencia significativa de recursos”, enfatiza.

El director de TMSourcing hizo mención de otras observaciones del GAFI a México en su recurso, como es el caso de que la Unidad de Inteligencia Financiera no está pasando suficiente información a la Procuraduría General de la República y que no se está investigando como debe el delito de lavado de activos, además de que no se están aplicando sanciones de forma efectiva.

Briseño comentó que el reporte del GAFI tiene resultados positivos como negativos para el país, por lo que consideró que la autoridad tiene que trabajar en las recomendaciones, aunque estimó que el combate al lavado de dinero en México debe ser un trabajo conjunto y no sólo del gobierno.

El especialista comentó, con base en información de Reuters, que el lavado de dinero en México genera recursos por más de 50,000 millones de dólares al año. También hizo mención de un dato de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos que refiere que esa cifra es cercana a los 50,000 millones de dólares.

Recomendaciones del GAFI a México

1.       Priorizar la investigación de lavado de activos y asignar recursos adicionales.

2.       Que la PGR aumente el nivel de especialización de sus unidades, particularmente dentro de aquellas que abordan el lavado de dinero y la corrupción.

3.       Integrar al decomiso como un objetivo dentro de las políticas de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

4.       Iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de México, brindando capacitación y experiencia técnica a la PGR y a la Policía Federal.

5.       Mejorar la comprensión de las instituciones financieras y APNFD (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos de lavado de dinero generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos.

6.       Fortalecer las medidas de beneficiario final a través de extender los requisitos, incluso de las personas jurídicas; entablar conversaciones con todas las IF y APNFD para aclarar las expectativas de supervisión con respecto a los requisitos sobre los beneficiarios finales y para brindar pautas sobre mejores prácticas;  desalentar la confianza indebida en las auto declaraciones de los clientes; y garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final de las personas esté a disposición de las autoridades.

7.       Revisar los recursos aplicados a la supervisión en virtud de los perfiles de riesgo que emergen de los modelos desarrollados por los supervisores.

8.       Realizar una revisión de las penas financieras disponibles a los supervisores para establecer si pueden ser aplicadas en forma realista para que sean efectivas, proporcionadas y disuasivas, especialmente en relación con las instituciones financieras más grandes. El SAT debe adoptar medidas inmediatas con el fin de establecer una metodología para la aplicación de sanciones.

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

Volver
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com