La Suprema Corte determinó que las “listas negras” del SAT son legales y constitucionales

 

La Primera Sala llegó a esta conclusión con tres votos a favor y dos en contra.

 

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA: PRIMERA SALA

 

En sesión de 7 de febrero de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolvió por mayoría de tres votos el amparo directo en revisión 3827/2017.

En el caso, la autoridad hacendaria resolvió que la quejosa no consiguió desvirtuar la inexistencia de operaciones amparadas con diversos comprobantes fiscales, al considerar que fue omisa en proporcionar documentos comprobatorios de sus registros contables, para acreditar la real existencia de la prestación del servicio facturado a sus clientes que en su momento fueron detallados.

Es de mencionar que, en la especie, lo cuestionado es el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se dirige al emisor de los comprobantes fiscales.

En lo que aquí interesa, en el proyecto aprobado con dos votos concurrentes, se determinó que aun cuando en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir y notificar la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, lo cierto es que esta omisión no lo torna violatorio del derecho de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional.

Se estimó que la falta de dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad prevista en el numeral 67 del citado Código, en atención a la existencia del criterio plenario –emitido al fallarse la Contradicción de Tesis 362/2010– en el sentido de que a través de la caducidad referida, las facultades de las autoridades fiscales susceptibles de extinción, no son solamente las de determinación y liquidación de créditos fiscales o las sancionadoras, sino también las de revisión.

Por todo lo expuesto, la Primera Sala confirmó la sentencia recurrida que amparó a la empresa quejosa únicamente por cuestiones de mera legalidad.

La Suprema Corte determinó que las “listas negras” del SAT son legales y constitucionales

La Primera Sala llegó a esta conclusión con tres votos a favor y dos en contra.

Grupo Impulsor del Sur, S.A. de C.V. es una empresa que ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos años: era la compañía encargada de llevarle la nómina a Oceanografía, una proveedora de Pemex acusada de haber falsificado cuentas por cobrar a la petrolera. La publicación de los Panama Papers reveló que el despacho Mossack Fonseca le creó en 2011 a Fabian Narvaez Tovar, dueño de la empresa, una compañía fachada llamada Fasana Corp. Encima de todo, en 2014 la compañía fue incluida en la lista de las empresas fantasma (aquellas que emiten facturas por operaciones inexistentes).

Luego de que la compañía no consiguió desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes por falta de pruebas satisfactorias, Grupo Impulsor llevó el caso al Primer Circuito, del que consiguió un amparo por cuestiones de legalidad, pero no que se declarase inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). La empresa, entonces, llevó la revisión del caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que las listas de empresas fantasma que se mencionan en dicho artículo son inconstitucionales debido a que no respetan la garantía de defensa.

El artículo 69-B del CFF estipula el procedimiento a seguir cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente emitió comprobantes fiscales por operaciones inexistentes Esto es, cuando emite “comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

El caso fue votado el día de hoy por la SCJN. El proyecto de sentencia, escrito por el ministro Pardo Rebolledo, ya desestimaba la pretensión de la empresa quejosa; a saber, que hay incertidumbre jurídica producto del artículo 69-B del Código. Finalmente, la Primera Sala de la SCJN rechazó la inconstitucionalidad e ilegalidad de dicho artículo.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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