¿QUE HAY DETRÁS DE LAS LISTAS NEGRAS Y EL BLOQUEO DE CUENTAS DE LA Unidad de Inteligencia Financiera?

La secuencia de investigación de empresas fantasmas. Los efectos de las facturas falsas. Facturas falsas y el crédito fiscal determinado. ¿En qué momento la infracción administrativa, se convierte en una querella penal? Fraude Fiscal y Fraude Fiscal calificado. El proceso Penal por Delitos Fiscales. La unidad de Inteligencia Financiera. El bloqueo de cuentas de la UIF. LA SEIDO. El Proceso Penal por Lavado de Dinero.

 

 

1.       La secuencia de investigación de empresas fantasmas. Para el análisis de este punto, tenemos que acudir al artículo 69-B del CFF, las listas negras, un tema que ha provocado temor y ansias de pelea para aquellos que venden facturas, y que con la aplicación de este artículo y de la existencia de las listas negras, ponen nombre al fraude fiscal.

Existen tres etapas en la publicación de estas listas negras, la detección de la empresa fantasma, la detección y llamado de sus clientes y la publicación de la empresa en la famosa lista negra del SAT.

Muchos contadores, abogados y vendedores de facturas presentaron amparos en contra de este artículo, pero al final, la SCJN publicó cerca de 20 jurisprudencias en las que a detalle declararon la constitucionalidad del precepto, lo cual dejo sin armas y argumentos a sus detractores.

Pero muchos siguen diciendo que existe inconstitucionalidad, saben que siempre existen ingenuos a los que se puede despojar de su dinero.

2.       Los efectos de las facturas falsas. Cuando se demuestra que la factura no tiene soporte legal, esta no produce ninguna consecuencia de derecho y se consideran que las operaciones que ampara la factura, son operaciones simuladas, por consiguiente, lo deducible no es legal, el contribuyente, ha realizado deducciones improcedentes, indebidas e ilícitas.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan.

Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código

3.       Facturas falsas y el crédito fiscal determinado. En el último párrafo de este artículo en comento, se expresan dos consecuencias, la primera de ellas es de carácter administrativo, la determinación de un crédito fiscal a cargo del contribuyente, el cual puede llegar a un acuerdo conclusivo para pagar el impuesto omitido.

Pero el otro supuesto es la querella penal en su contra, una opción significa que el afectado, deberá pagar dinero, la otra es el proceso penal en su contra.

4.       ¿En qué momento la infracción administrativa, se convierte en una querella penal? Las operaciones simuladas, el dolo en la conducta convierte lo administrativo en penal, y aquí lo que está en riesgo, es la libertad personal del probable responsable.

Se ha hablado mucho al respecto, de que si los derechos humanos, si la presunción de inocencia, pero al final del día, cuando un contribuyente se encuentra en esta situación, lo que está en riesgo es su libertad personal y el pago de la reparación del daño causado a la Hacienda Pública.

5.       Fraude Fiscal y Fraude Fiscal calificado. La consecuencia de utilizar facturas falsas para realizar deducciones ilegales, ilícitas o improcedentes, es el fraude fiscal, en uno es visible el dolo en la conducta, la intención de cometer el delito lo cual se castiga con una pena de prisión aumentada a la mitad de la sanción prevista en el artículo en comento:

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

                                                               i.      Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,540,350.00.

                                                             ii.      Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,540,350.00 pero no de $2,310,520.00.

                                                           iii.      Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,310,520.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán calificados cuando se originen por:

a.       Usar documentos falsos.

b.       Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.

c.       Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.

d.       No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

e.       Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.

f.        Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.

g.       Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

h.       Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

6.       El proceso Penal por Delitos Fiscales. Cuando termina la investigación por la Administración Central, el expediente se envía a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que esta elabore la querella penal en este supuetso, existen dos puntos muy importantes:

Artículo 92 del CFF.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos.

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I.                     Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

El hecho de que la SHCP tenga el carácter de víctima u ofendida significa que puede exigir la reparación del daño patrimonial causado a la Hacienda pública y el ofensor, tiene la obligación de resarcir este daño patrimonial.

7.       La unidad de Inteligencia Financiera. Cuando interviene esta dependencia hablamos de otro tipo de delitos, el lavado de dinero, el cual tiene una sanción de 5 a 15 años de prisión y es considerado como delito grave o calificado.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artículo 400 Bis.Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

I.                    Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

II.                  Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

El origen ilícito del dinero, es lo que representa el tipo penal de lavado de dinero:

1.       Cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

2.       Cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

3.       Cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito

4.       Y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

8.       El bloqueo de cuentas de la UIF. Esta determinación que nace en la UIF, y es ejecutada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es una expulsión del contribuyente del sistema financiero nacional y el bloqueo o congelamiento del dinero que se encuentre en estas cuentas.

Esta es una investigación administrativa encaminada a demostrar la existencia del origen ilícito del dinero, es parte de la investigación penal.

9.       LA SEIDO. Esta es la siguiente estación del proceso de investigación, aquí se abre la carpeta de investigación, llamada de averiguación previa, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada.

En principio esta unidad combatía a la delincuencia del narcotráfico, pero ahora ha enfocado sus investigaciones a empresarios, evasores fiscales y delincuentes financieros que en ocasiones, no saben que han cometido este tipo de delitos.

Y muchas otras ocasiones, todo se origina por los delitos nacidos al amparo del uso de facturas falsas y de empresas fantasmas o de esquemas de Outsourcing.

10.   El Proceso Penal por Lavado de Dinero. Este proceso tiene una pena de prisión de 5 a 15 años de prisión y el decomiso de los instrumentos del delito, en este punto, no nos encontramos como el caso del fraude fiscal, en que se calcula el monto de los impuestos omitidos, sino que la totalidad del dinero utilizado para el lavado de dinero, es el instrumento del dinero, cuando se acredita el origen ilícito del mismo.

Este tipo de procesos son extremadamente agresivos, son interminables y lesivos en el patrimonio y en la libertad de las personas y en manos de un abogado inexperto, las consecuencias son las peores.

Conclusión. Cada persona utilizó los esquemas que le parecieron más favorables, desde utilizar facturas falsas, comprar facturas a empresas fantasmas, contratar Outsourcing fraudulentas, a su gusto, ahora todo está en un riesgo a futuro, será detectado o no por las autoridades fiscales y penales.

Pocas personas conocen el desarrollo de la investigación del posible delito de lavado de dinero y del fraude fiscal, pero esto es apenas el comienzo de todo.

 

Lo que afecta realmente a los interesados es el proceso penal de lavado de dinero o de fraude fiscal, son delitos autónomos, complementarios uno con el otro, 

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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