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Reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

Aun cuando en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), no prevé un plazo dentro del cual se debe emitir y notificar la resolución final del procedimiento instruido, dicha omisión no representa una violación al derecho de seguridad jurídica.

25 Junio, 2018. Adrián Alfonso Paredes Santana

Todo comienza con el fallo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión del 7 de febrero, donde determinó al resolver el amparo directo en revisión 3827/2017, sobre que aun cuando en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), no prevé un plazo dentro del cual se debe emitir y notificar la resolución final del procedimiento instruido, dicha omisión no representa una violación al derecho de seguridad jurídica. Pues considera que el precepto solo regula cómo ha de practicarse la notificación, pese a no establecer en qué momento ha de emitir la resolución de mérito, no implica que sea inconstitucional.

Considera que el legislador no está obligado a fijar en un solo precepto legal todos los supuestos y consecuencias legales, dado que tales elementos pueden, válidamente, consignarse en diversos numerales, e inclusive en distintos cuerpos normativos, en tanto no exista ninguna disposición que establezca lo contrario. Igualmente reflexiona que es claro que el supuesto normativo previsto en el artículo 69-B del CFF, por su propia naturaleza, debe actualizarse en el ejercicio de facultades de comprobación, pues no existe otra manera en la que se pueda advertir que una persona, física o moral, ha estado expidiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes.

Es aquí donde comienza toda la controversia, pues inicia a asimilarlo a un ejercicio de facultades de comprobación, lo cual en un «simposio» organizado recientemente por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente (PRODECON) se llega a una conclusión contraria al este pensamiento, abandonando por competo su argumentación y proponiéndolo como algo totalmente distinto a un acto de comprobación. Ahora, siguiendo con el pensamiento de la Primera Sala, al asimilarlo como una facultad de comprobación, considera que ante la ausencia de plazo para la emisión de la determinación se suple con la aplicación de la figura de la caducidad prevista en numeral 67 del CFF, atendiendo al contenido de la contradicción de tesis 362/2010, en el sentido de que por medio de la caducidad referida, las facultades de las autoridades susceptibles de extinción, no son únicamente las de determinación y liquidación de créditos fiscales o las sancionadoras, sino también las de revisión. También de forma equivocada, pues la caducidad corre en su cómputo hacia atrás, y nunca hacia adelante, y además se trata de la sanción legal por la inactividad del estado, de imposibilitarlo a ejercer sus facultades después de un plazo general de 5 años.

Por lo anterior, la Primera Sala llega a la conclusión de que no se deja en estado de incertidumbre al particular a quien se le instruya el procedimiento del 69-B del CFF, en virtud de que sabe con certeza que se debe resolver en el plazo correspondiente del artículo 67, esto es, en un plazo que no excederá a los 5 años, porque de lo contrario caducará.

Después de esta escalofriante determinación, que quedará para seguir discutiendo, el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al mencionado precepto, estableciendo textualmente un plazo conclusivo de 50 días hábiles, terminando con esta discusión, pero insisto, la postura de este criterio jurisprudencia debe ser abandonado pues cambia la percepción de una figura importante del derecho fiscal como la caducidad. Ahora, trascribo el texto reformado para su lectura el cual entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación:

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.