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Urgen activar las herramientas anticorrupción. Portada de Forbes

Concluyen abogados en que, además de nombrar a los fiscales y terminar de articular el SNA, es necesario llevar al siguiente nivel las leyes recientemente creadas para atacar los ilícitos.

Esta historia fue publicada en la edición impresa de junio de 2018 de Forbes México.

La detención y encarcelamiento de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge; de Tabasco, Andrés Granier; y de Sonora, Guillermo Padrés, es sólo la punta del iceberg de la corrupción que aqueja a México, con todo y que en los últimos años ha habido esfuerzos para acabar con este grave problema, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Las iniciativas implementadas, incluidas reformas constitucionales, no han logrado sacar del entrampamiento puntos clave como el nombramiento del fiscal Anticorrupción y del fiscal General de la República, ni hacer valer el Estado de derecho, el cual está sujeto a la voluntad política del poder central.

La corrupción daña la economía. Los países con más corrupción reciben 5% menos inversión, según el Fondo Monetario Internacional (FMI); las empresas pierden 5% de sus ventas, según Ernst&¬Young; y el PIB se retrae 2%, de acuerdo con World Economic Forum (WEF), y hasta 10%, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La piedra angular para revertir este panorama es el SNA, creado el 27 de mayo de 2015, y siete leyes secundarias publicadas un año más tarde.

Al contabilizarlas, cuatro son de reciente creación:

  1. Ley General del SNA,
  2. Ley General de Responsabilidad Administrativa,
  3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) y
  4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las otras tres son resultado de reformas:

  1. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
  2. Código Penal Federal y
  3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Incluso, antes de esto no había una legislación mexicana que definiera qué es la corrupción; hoy ya se puede tipificar como delito y perseguirlo. “Sólo que, para tener un SNA pleno y que funcione, se necesita la voluntad política”, señala Carlos Brehm, asociado de Santamarina y Steta.

Engranes rotos

A tres años de la creación del SNA, sigue pendiente el nombramiento del fiscal Anticorrupción, una de las seis autoridades que integran el Comité Coordinador del organismo. Lo mismo ocurre con la designación y ratificación, por el Senado, de los magistrados especializados en Faltas Administrativas del TFJFA.

La Fiscalía General de la República (FGR, que sustituye a la Procuraduría General de la República), tampoco tiene titular. “Es necesario reformar el Artículo 102 constitucional para rediseñar la FGR, de tal forma que sea independiente del poder político y del ejecutivo, [que] tenga un funcionamiento profesional y una participación activa de la sociedad civil, que genere contrapesos, transparencia y rendición de cuentas”, enfatiza Diego Ignacio Sierra, socio de Von Woberser y Sierra.

La autonomía de instituciones y funcionarios es vital para que funcione el SNA. Y para que no le pase lo mismo que a la presidencia del TFJFA, que carece de independencia. “Como [los cargos] vienen designados por intereses políticos específicos, la aplicación real del sistema va a ser muy matizada”, afirma Javier Villanueva, director de la Práctica de Compliance de Cuesta Campos.

La Ley Federal de Competencia Económica puede ser el modelo para el SNA. “Uno, en la autonomía de las autoridades, que va a ser muy importante; y, dos, en la metodología de investigación forense e investigación de documentos y de pruebas [para rastrear delitos]”, dice Alejandro Luna, de Santamarina y Steta.

También hay puntos de mejora en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, que está facultado para dar recomendaciones a las instancias gubernamentales para combatir la corrupción. Sin embargo, las observaciones de esta entidad no son vinculantes, por lo que es necesaria una reforma a la Ley General del SNA para darle “más dientes” y, así, impulsar acciones correctivas y darles seguimiento hasta que se cumplan, señala Alejandro Sobarzo, socio de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar.

De igual modo, pide insertar en la Ley General del SNA que la denuncia anónima vaya acompañada de un programa en el cual, quien cometió un acto de corrupción, pueda denunciar al funcionario a cambio de inmunidad. Esto, opina, hará que el servidor público piense dos veces antes de incurrir en un acto ilícito.

Sobarzo propone también una reforma constitucional para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea independiente de los tres poderes de gobierno, como ocurre con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Hace falta también transparentar los ingresos de quienes trabajan en el servicio público. En ese sentido, la Plataforma Digital Nacional (PND) del SNA funcionará como una base de datos con información de declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, servidores públicos y particulares sancionados, entre otros datos.

Pero hace falta fortalecerla para que tenga la capacidad de hacer trabajo de inteligencia. “Para que [los funcionarios] no digan: ‘Yo entré con esta casa y salí con la misma’, sí pero nada más que tu esposa y tus hijos tienen propiedades… tiene que haber una manera más clara para rastrear ese tipo de operaciones”, propone Alfonso Razú, socio del despacho Creel Abogados.

Sin excepciones

Además, habría que reglamentar la profesionalización de los jueces y magistrados, para que las leyes se implementen de manera eficiente, dice Hugo Cuesta, socio director y ceo de Cuesta Campos. A su parecer, será vital capacitarlos, darles mejores sueldos y “no dar plazas como favores políticos”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE y el IMSS son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción, de acuerdo con el “Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas”, que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Para las compras del gobierno, el país cuenta con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que da la opción de omitir las licitaciones públicas por invitaciones de tres o adjudicaciones directas. “En estas excepciones a la licitación pública es donde, al parecer, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado las mayores inconsistencias e irregularidades con relación a las contrataciones por entidades del gobierno federal”, indica Javier Ogarrio, socio de EC Legal Rubio Villegas. Pide legislar para que no haya excepciones o estén mucho más reguladas, incluso Pemex o CFE.

Vicente Grau, de Santamarina y Steta, propone ir más allá y ampliar las facultades para enjuiciar y destituir al presidente de la República, algo que Guatemala ya logró.

Las medidas también deben alcanzar a los privados, por lo que Mariano Calderón, socio de Santamarina y Steta, propone establecer mecanismos para que haya mayor corresponsabilidad por parte de las empresas, como ocurre con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés), que establece sanciones.