AMLO propone terna; debe llegar el más capaz, piden para la PGR

Nombramientos anticorrupción. Sigue pendiente en el país que se nombre tanto a un fiscal general de la República como a un fiscal anticorrupción.

Héctor Molina. 05 de julio de 2018, 23:46

El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ha enarbolado que la erradicación de la corrupción y el combate a la impunidad serán los principales objetivos en su sexenio que iniciará el 1 de diciembre próximo.

Directivos de ONG consultados coincidieron en que un primer paso para atacar dichos problemas será destrabar los nombramientos faltantes, principalmente el fiscal general de la República así como el fiscal anticorrupción, aunado a fortalecer a la institución de procuración de justicia.

Fue en el 2014 cuando el Congreso aprobó reformas a los artículos 21 y 102 constitucionales para realizar la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General; no obstante, desde entonces, el nombramiento del nuevo fiscal así como la transición y las leyes secundarias que deben acompañarla se han postergado.

El mismo López Obrador se pronunció sobre el tema en enero de este año. Durante el periodo de precampañas, anunció una terna de candidatos a fiscal de la República, la cual dijo sería entregada al Senado.

Ante simpatizantes y medios, presentó a Eva Verónica de Gyves y los juristas Juan Luis González Alcántara y Bernardo Bátiz.

“No está de más decir que el Poder Ejecutivo no hará campaña en el Congreso a favor de ninguno de los propuestos. Serán los legisladores, en absoluta libertad, quienes decidan a conciencia”, explicó López Obrador en aquel entonces.

Sin embargo, de acuerdo con las reformas al artículo 102, es el Senado quien deberá enviar una lista de por lo menos 10 candidatos aprobados por dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión de designación.

En caso de que se inicie el proceso de nombramiento del fiscal y el Senado no integre dicha lista durante los 20 días siguientes al inicio del proceso, el presidente será quien envíe una terna al tiempo que designará a un fiscal provisional.

Por capacidades

“La Red por la Rendición de Cuentas ha puesto sobre la mesa, desde antes del proceso electoral, una propuesta (para) trabajar sobre la profesionalización y la generación de capacidades para que realmente lleguen a los cargos los más capacitados y no se trate de un simple relevo de clase política, sino realmente haya un proceso de selección de los mejores perfiles, los más capaces”, dijo Lourdes Morales, directora de la Red.

Morales puntualizó que los procesos de designación de personal así como de su contratación deben obedecer a criterios de idoneidad.

“Las instituciones que conforman el Sistema (Nacional Anticorrupción) tienen que ser un modelo de rendición de cuentas, porque si no la legitimidad de las mismas y los resultados serán altamente cuestionados”, expuso.

El SNA lo integra también el fiscal anticorrupción que a su vez será nombrado y removido por el próximo fiscal general.

La directora de México Evalúa, Edna Jaime, indicó que hay “todo por hacer” en materia de combate a la corrupción y la impunidad.

“Necesitamos un presidente que entienda que solucionar el problema de la corrupción pasa por fortalecer la institución, desafortunadamente no es un tema de voluntad (...) El presidente no tiene ojos en todas las dependencias públicas que hacen contrataciones (...) el presidente no puede tener el control sobre todo el aparato de la administración pública”, expresó.

Edna Jaime opinó que lo primero que deberá hacer la nueva administración es fortalecer la procuración de justicia.

El colectivo de organizaciones civiles Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, que agrupa a más de 300 ONG, anunciaron en junio pasado que, una vez terminadas las elecciones, iniciarían la recolección de firmas de ciudadanos para presentar una iniciativa ante el Legislativo para modificar nuevamente los artículos 102 y 21 para que exista verdaderamente una fiscalía autónoma.