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El sector privado no podrá absorber a burócratas

El mayor desafío para incorporar a empleados que podrían quedar sin trabajo en el Gobierno es la disparidad entre salarios y funciones frente a la iniciativa privada.

agosto 06, 2018 06:00 AM

Liquidación. Los empleados de confianza del Estado que sean despedidos deberán demandar indemnización de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por año laborado. (AntonioGuillem/Getty Images/iStockphoto)

Ivonne Vargas. CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) – En México al menos 48,618 empleados del gobierno federal corren riesgo laboral con el recorte, sobre el 70% del personal de confianza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador. El impacto de esta propuesta podría traducirse en empleados queriendo ingresar en el sector privado sin un escenario sencillo para incorporarse, advierten especialistas.

“AMLO busca implementar algo que hizo cuando fue jefe de gobierno, disminuir sueldos y estructura. Lo puede hacer sin modificación constitucional para los puestos que dependen del nombramiento del titular del ejecutivo. Pero el mayor problema hoy es que habla de impactar al funcionario del nivel medio y la gente de base”, señala Germán De la Garza, abogado laboral y socio de la firma Mowat.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el cierre del primer semestre del 2018, en altos y medios mandos había 69,454 empleados de confianza. Si despidieran al 70% de ellos, como el virtual presidente lo ha planteado en sus 50 puntos de austeridad, significaría un recorte de 48,618 personas.

Aquí se encuentra uno de los primeros y grandes desafíos de la propuesta. Adelgazar la estructura federal, con instancias que dan servicio permanente, no es como rescindir de colaboradores en el sector privado, comenta De la Garza. El gobierno necesita garantizar que las 319 instituciones de la Administración Pública Federal continuará atendiendo, sin paros, problemas que impactan a la población y, sobre todo, explicar cuáles son las salidas laborales para los empleados despedidos.

El especialista en litigio y consultor en administración laboral propone iniciar la recesión como una prueba piloto, donde se especifique por qué se puede rescindir de ciertas posiciones. Se documente si todos los puestos de los que habla existen o son ‘contrataciones fantasma’, si habrá recolocación laboral y con qué presupuesto se ejecutará la propuesta en cuestión de liquidación. Un trabajador que sea despedido deberá solicitar o demandar el pago de una indemnización, equivalente a tres meses de salario y 20 días de salario por año trabajado.

 “México tiene como ejemplo lo sucedido con la Compañía de Luz y Fuerza (en el gobierno de Felipe Calderón. Han pasado años y la liquidación de trabajadores no está concluida por el alto costo de juicios laborales por despido injustificado. Hoy no existe una partida presupuestal para absorber la conclusión de relaciones laborales en la magnitud que AMLO propone”, advierte De la Garza.

¿Dónde tocar la puerta?

Para Víctor Chávez Montes de Oca, socio director de la firma Grupo Human, un desafío de esta propuesta es que la iniciativa privada no podría absorber con facilidad a los posibles burócratas por dos razones: tipo de competencia y salario. “El sector privado no ve con buenos ojos al aparato burócrata, porque sobre esta pesa la etiqueta, quizá errónea, de no estar enfocado a la productividad”, dice.

Chávez Montes de Oca agrega que la transición de un director, por ejemplo, del ámbito público al privado puede darse con más inmediatez por la red de contactos que suele tener la persona y que las competencias desarrolladas a este nivel se equiparan en ambos sectores. “No sucede lo mismo con un puesto operativo o gente de base por debajo de las posiciones medias”, advierte el socio director.

En estos puestos, aclara, no suele haber claridad sobre cómo generar valor a las actividades, característica que la iniciativa privada prioriza. Habría que descifrar qué competencias más allá de lo técnico puede tener la persona, y eso es algo que debe descifrar el buscador de trabajo, no es un precio que buscará absorber en tiempo y dinero la empresas privada, dice Montes de Oca.

En su propuesta, AMLO debiera especificar qué perfiles dejará ir, qué saben hacer, e incluso cuál es su retribución económica. Es decir, cuál el costo de la gente que sale y, a partir de ello, tener conversaciones con la iniciativa privada para entender qué posiciones puede absorber. Los puestos entre uno y otro sector no solo difieren en competencias sino también en retribución, explica Chávez Montes de Oca.

“Un director en el ámbito público puede estar mucho mejor pagado que en el sector privado. Y el puesto base puede recibir menos sueldo neto pero estar mejor en prestaciones. Con eso en mente, quién garantiza que la gente del ámbito público quiera tocar puerta en una privada. Lo haría por necesidad”, puntualiza Víctor Chávez. El Censo Nacional del Gobierno Federal reporta que el rango de ingresos más frecuente en 2017 se registró entre 160 mil a 180 mil pesos para los titulares de las instituciones públicas.

Por su parte, Arlette Leal, directora asociada de la firma de Recursos Humanos Red Ring refiere que los burócratas deben enfocarse en identificar sus habilidades y ubicar en que parte de la iniciativa o del desarrollo de emprendimientos pueden insertarse. “Parece trivial pero lo más inmediato que debe considerar este personal es actualizar sus contactos, empezar a moverse con los headhunters, tener claro qué de lo que hacía en lo público puede llevarlo al ámbito privado, cómo reentrenarse”.

Aquí el gran desafío no solo es de números, se requiere un cambio de mentalidad en el burócrata que no es sencillo, pero ante la poca claridad en cuánto a cómo se ejecutará la propuesta de AMLO, es de los pasos inmediatos que queda por hacer, y que tiene que hacer en lo individual cada trabajador, comenta Chávez Montes de Oca.