Prodecon se pronuncia respecto de las operaciones inexistentes

En un Criterio aprobado en marzo 2018 por Prodecon, establece que las operaciones Inexistentes del artículo 69-B del CFF, no se desprende que prevea la pérdida del derecho de los receptores de los CFDI para demostrar la efectiva realización de aquéllas.

Esto se da en el marco de la norma que reglamenta las llamadas "empresas fantasma”, pues en el caso de que un contribuyente pretenda darle efectos fiscales a una factura expedida por una de estas empresas, el Artículo en mención establece que una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el listado de las empresas que expiden facturas de operaciones inexistentes, la persona usuaria de esta factura, tiene 30 días posteriores a su publicación, para aclarar o corregirse; pasado este período, se considera que acepta dicha desviación.

Esto implica que quien no consulta o no advierte el contenido de la publicación, pasados esos 30 días, estaría de hecho, omitiendo cumplir con sus obligaciones fiscales, sin siquiera ser avisado de manera directa y personal, por parte de la Autoridad.

Este criterio corrige dicha situación, pues concluye que el derecho del contribuyente lo puede hacer valer aun y cuando transcurra el plazo de 30 días.

El criterio señala que del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI.

El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal.

Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes.

El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad.

Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

Cabe mencionar que precisamente el Congreso acaba de aprobar reformas al Artículo 69-B, a lo cual nos referiremos en nuestra próxima entrega.

JORGE AYAX CABELLO HERNÁNDEZ. lunes, 30 de abril de 2018

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