Morena propone aplicar extinción de dominio por corrupción

Al destacar que se debe enfrentar la corrupción con respuestas duras y contundentes, Morena en el Senado presentaría hoy su iniciativa para ampliar la extinción de dominio a los delitos de corrupción, a fin de recuperar para el Estado los bienes afectados, lo que aplicaría no sólo a las propiedades del infractor, sino de terceros involucrados.

Silvia Arellano, Angélica

Casos de corrupción que EPN heredará a AMLO.

Actualmente, la extinción de dominio aplica para delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.

© Proporcionado por Mediotiempo S.A. de C.V. Sesión en el Senado de la República (Héctor Téllez)

Sin embargo, en la iniciativa inscrita por el morenista Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se destaca que la corrupción ha incrementado su incidencia y estrategias de operación.

De tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen, y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado mexicano, el cual se ve gravemente mermado en su capacidad económica para afrontar las justas demandas de la sociedad.

“Es necesario enfrentar, con respuestas duras y contundentes, la emergencia en la que se encuentra nuestro país, ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo. La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano; de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción”.

Por ello, se propone modificar el artículo 22 de la Constitución, para aplicar la figura de extinción de dominio en los siguientes casos:

“Delitos por hechos de corrupción: Abuso de autoridad; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de influencia; Cohecho; Enriquecimiento ilícito y Delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia”.

Se prevé que toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe.