La mecánica de la evasión fiscal a través de empresas fantasmas

De acuerdo con datos revelados por el Servicio de Administración Tributaria, al 18 de octubre de este año se han detectado 8,9481 empresas que presuntamente simulan operaciones, las cuales han facturado alrededor de 2.04 billones2 de pesos.

La compra de comprobantes fiscales digitales por internet se produce por quienes simulan gastos en operaciones que nunca se llevan a cabo y con ello disminuyen o eliminan totalmente el pago de los impuestos que les corresponden. A los adquirentes de esos comprobantes se les conoce comúnmente como “Empresas que Deducen Operaciones Simuladas” o “EDOS”.

Paralelamente, las empresas que venden estos comprobantes son coloquialmente conocidas como “empresas fantasma” en virtud de que si bien están legalmente constituidas, no tienen activos ni actividad real. Se constituyen principalmente para emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones, como se dijo, inexistentes o simuladas.

Estas empresas vendedoras de comprobantes fiscales son conocidas como “Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas” o “EFOS” y forman parte de redes dedicadas a la evasión sistemática de impuestos; es decir, se trata de verdaderas redes delincuenciales que operan en perjuicio de los ingresos del Estado Mexicano y generan una grave competencia desleal en detrimento de las empresas mexicanas que sí están realmente trabajando, operan y pagan sus impuestos.

Este delito, en esencia, consiste en vender comprobantes fiscales auténticos, ya que son emitidos a través de los medios digitales que el Servicio de Administración Tributaria ha dispuesto para tal efecto. Estos comprobantes cuentan con flujos de dinero comprobables. Es decir, la empresa que adquiere la factura por una operación inexistente paga el monto total de la misma, más el Impuesto al Valor Agregado a través de algún medio comprobable y autorizado por las disposiciones fiscales para operaciones superiores a dos mil pesos, como lo son principalmente transferencia electrónica y cheque.

Para el comprador de la factura resulta un negocio redondo, pues al final de la cadena de simulación obtendrá de vuelta su dinero, menos la comisión cobrada por el traficante de comprobantes. La empresa fantasma, es decir, la vendedora del comprobante, le regresa el dinero a través de esquemas asimilables a salarios para efectos fiscales o incluso por medios no rastreables, como puede ser efectivo, criptomonedas o tarjetas prepagadas.

Esta práctica no tiene una mecánica de operación única, pero es posible señalar los siguientes elementos comunes:

  1. Utilización de una cadena o pirámide de empresas para obstaculizar la detección y mantener ocultos a los verdaderos evasores.
  2. El monto de la “comisión” por la venta de un comprobante fiscal que ampara operaciones inexistentes oscila entre el 4% y el 8% de la cantidad que se factura.
  • Las empresas que venden este tipo de facturas son, en su gran mayoría, prestadoras de servicios. Tomando en cuenta que la comercialización de bienes es fácilmente rastreable, estos grupos aprovechan lo intangible de los servicios como ventaja para llevar a cabo la simulación de operaciones para efectos fiscales.

Los esfuerzos que hasta ahora se han realizado para erradicar esta práctica nociva son insuficientes. Publicar una empresa en la lista negra prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación se vuelve frívolo, pues fácilmente los evasores desaparecen una empresa y crean otras, sustituyendo por una nueva a la enlistada como empresa facturadora de operaciones simuladas.

Resulta muy sencillo para estos grupos de empresas factureras constituir una nueva empresa y sustituir a la que el SAT detectó y publicó en el listado de empresas fantasma. Ello es así, porque al ser empresas creadas expresamente para simular operaciones, no les importa ser exhibidas en la lista negra ni están interesadas en salir de ella; les conviene más desaparecer. Tan es así que se estima que la vida promedio de estas empresas es de quince meses.

También se tiene conocimiento de que los accionistas de esas empresas son, por regla general, no más de dos a cuatro personas y en muchas ocasiones se trata de gente modesta de escasos recursos a quienes les pagan cualquier cosa para actuar como prestanombres en la constitución de la empresa, o bien, se puede tratar igualmente de robos de identidad, ya que paralelamente existe también un mercado de venta de datos personales y documentos de identidad.

Por otro lado, esta propuesta también busca, de manera especial, poner un semáforo de alerta a la corrupción que se ha venido presentando en diversas entidades del sector público, tanto de la Federación, de los Estados y de los Municipios, vinculados con empresas fantasmas.

Efectivamente, estas entidades públicas pueden contratar, con recursos presupuestarios, prestaciones simuladas de servicios, tales como “asesorías”, “servicios de logística”, “diseño de logotipos”, “imagen institucional”, “publicidad”, “estudios”, etcétera. Como estos servicios no son tangibles, resulta difícil comprobar su entrega o prestación efectiva, además de que son pagados a empresas que se constituyen siguiendo el modelo descrito con anterioridad.