UIF y SFP se unen para combatir corrupción, lavado y evasión fiscal

Expertos señalan que el gran reto es ser más eficientes en la aplicación de la justicia. Lavado de dinero representa 2 billones de pesos al año.

Fernando Gutiérrez

03 de enero de 2019, 21:32

Ante los altos índices en México de evasión fiscal, corrupción, cohecho y otros delitos en la función pública que pueden ser proclives al lavado de dinero, las autoridades indicaron que se toman las medidas necesarias en las investigaciones para que haya resultados más concretos, considera inaceptable que los casos más sonados por estos ilícitos sean señalamientos provenientes del extranjero y que demuestran que en el país no se tiene la eficiencia deseada al combatirlos.

Ayer, los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconocieron que se tiene que fortalecer la lucha para combatir delitos como la corrupción, la evasión fiscal, el cohecho y el lavado de dinero, por lo que debe de haber instrumentos, como convenios entre dependencias, con el fin de ser más eficientes en esta lucha, tal y como lo recomendó el Grupo de Acción Financiera Internacional en su última evaluación sobre México.

En su intervención durante la firma del convenio entre ambas dependencias, la titular de la SFP, mencionó algunos casos donde autoridades de otros países, como de Estados Unidos, han investigado actividades criminales en México que han derivado en lavado de dinero, demostrando que las autoridades nacionales no han sido efectivas en esta lucha.

“Ya no puede seguir la exigencia de afuera, no puede ser que afuera en otros países se esté investigando y tomando una acción verdadera del combate al lavado de dinero en México con toda su criminalidad y que en aquí no actuemos”, mencionó la funcionaria.

Durante su participación, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, explicó que ante la amenaza que representa la corrupción, que puede derivar en otros delitos como el lavado de dinero es necesaria una mayor coordinación interinstitucional, como la firma de convenios entre diversas dependencias que se estableció este jueves entre la unidad a su cargo con la SFP.

“La colaboración planteada implica el flujo de información, la diseminación de notas de inteligencia y en el ejercicio de la ley de prevención, la posibilidad de dar vistas ante la posible comisión de alguna responsabilidad administrativa o penal relacionada con servidores públicos”, expuso Nieto Castillo.

Para Sandoval Ballesteros, el lavado de dinero, que en México se calcula representa entre 20 y 30 millones de dólares al año, está relacionado con cuestiones de abuso de poder, que a su vez se asocia con la corrupción que existe en los organismos públicos u otros delitos como la evasión fiscal.

“El lavado de dinero, que es una de las cuestiones más urgentes a resolver, está relacionado con la colusión del abuso del poder de funcionarios públicos de los más altos niveles, por lo que la evasión fiscal y el lavado son dos caras de la misma moneda por eso la relevancia de este instrumento jurídico (...) tenemos un nivel muy deshonroso como nación recaudadora de recursos”, expresó la titular de la SFP.

Nieto Castillo indicó que ante los grandes casos de desvío de recursos públicos, se buscará establecer tipologías para que los sujetos obligados detecten el riesgo de canalización de dinero del erario por medio de empresas fachada.

Combatir estructuras, el reto

Para expertos en diversas áreas relacionadas con la lucha de estos delitos, el enfoque que se le ha dado en este gobierno al combate de dichos ilícitos es bueno de inicio; sin embargo, el gran reto es ser más eficientes en la aplicación de la justicia por medio de una coordinación más efectiva entre las dependencias y así se tenga una eficacia continua y no sólo de inicio de administración.

Salvador Mejía, socio director de la consultora en temas de prevención de lavado Asimetrics, si bien es importante que el trabajo de diversas dependencias en el combate de estos delitos, como la UIF, la SFP y la Fiscalía General de la República, se informe a la sociedad, es necesario que se trabaje en una reingeniería al interior de éstas con el fin de generar un verdadero cambio respecto al trabajo de otras administraciones.

Para Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, es positivo replantear la estrategia de combate contra estos delitos, en especial de la evasión fiscal, pero el gran reto es combatir las estructuras tan complejas que realizan dichos ilícitos y aunque en la pasada administración se tuvo un avance en la instrumentación jurídica en materia fiscal, todavía hace falta una mayor eficacia en la lucha.

“Este inicio de gobierno lo veo con mucho optimismo, esperemos que el ánimo no decaiga porque en realidad son grupos muy complejos en cuanto a su estructura, por lo que hay que atacarlos de manera frontal, con mucha coordinación (...) el tema muy necesario es la acción en el campo de batalla contra los grupos de evasión y defraudación”, acotó.

Jorge Romo, rector de la escuela Palafoxiana de Derecho, destacó que la estrategia inicial de combate a estos delitos es buena; sin embargo, para tener resultados, la sociedad debe de percibir que hay una mejora en la transparencia dentro de las instituciones gubernamentales lo que incidiría directamente en disminuir la corrupción.

“Es una visión interesante la del nuevo gobierno, pero todo esto va más allá de una visión técnica y jurídica (...) cuando la población manifiesta tener mayor confianza en el Estado, automáticamente la corrupción baja”, expresó Romo.

El rector de la escuela Palafoxiana de Derecho añadió que en el tema de lavado de dinero se tuvo poca eficacia, pues apenas se alcanzó un promedio de cinco sentencias por año.

Otra denuncia por huachicol

Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de la compra y venta de manera ilegal de hidrocarburos, que también se conoce como huachicol.

En conferencia de prensa, Nieto Castillo informó que esta nueva denuncia, que se suma a la que se presentó el viernes pasado por el mismo ilícito, se involucra a un exdiputado local; sin embargo, se abstuvo de dar más datos con el fin de no afectar el proceso.

“Se han preparado tanto la denuncia como el bloqueo de cuentas para efectos de que estos recursos no sigan fluyendo en el sistema financiero y no continúen causando daño a la sociedad mexicana”, expresó Nieto Castillo.

El titular de la UIF reiteró que una de las prioridades de la actual administración gubernamental es combatir las estructuras financieras de los grupos delictivos, por lo que la unidad a su cargo trabaja para congelar los bienes a los responsables de diversos ilícitos.

“Estos acuerdos de congelamiento de cuentas se están presentando a distintas instancias para efecto de que el sistema financiero bloquee las cuentas de personas relacionadas con estos casos de lavado”, mencionó.

Nieto Castillo recordó que en lo que va de la actual administración se han presentado denuncias de ilícitos realizados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, políticos en Puebla o personas relacionadas con la actividad del huachicol en distintas partes del país.